· El 35% de los casos de ictus se producen en la edad laboral.
· Aproximadamente una de cada cuatro personas experimentará un ictus a lo largo de su vida. Actualmente, es la principal causa de discapacidad adquirida en adultos y la segunda causa de mortalidad en España, siendo la principal causa de muerte en mujeres.
Madrid, 28 de junio de 2024- La Fundación Freno al Ictus y la Mancomunidad de Servicios Sociales Sierra Norte han firmado un convenio de colaboración con el objetivo de fortalecer las iniciativas en favor del bienestar de las personas afectadas por daño cerebral adquirido (DCA). Este acuerdo, formalizado por Julio Agredano Lozano, presidente de la Fundación Freno al Ictus, y Mercedes López Moreno, presidenta de la Mancomunidad de Servicios Sociales Sierra Norte, establece un marco de cooperación para la implementación de actividades conjuntas en áreas de interés común.
El convenio marco de colaboración incluye acciones específicas para 2024, como campañas de sensibilización e información sobre el ictus dirigidas a los 33.257 habitantes de los 42 municipios de la Mancomunidad, con la distribución de materiales informativos y la realización de charlas divulgativas sobre prevención, detección y actuación ante la enfermedad. Además, el proyecto GUIAR ofrecerá asesoramiento y orientación a personas con DCA y a sus familias, facilitando la gestión de trámites y recursos en la Comunidad de Madrid.
También se pondrá en marcha el programa KIERO, que proporcionará sesiones grupales e individuales a jóvenes adultos afectados, promoviendo su reinserción vital y laboral y aumentando su autonomía. En la línea de divulgación, se está llevando a cabo una campaña informativa bajo el lema "Todos contra el ictus". La campaña se inició el mes de junio con dos jornadas divulgativas en Buitrago de Lozoya y Torrelaguna.
Estas charlas estuvieron dirigidas a la población general de la Mancomunidad y abordaron temas como la prevención, detección y actuación ante un ictus. La acogida fue muy positiva. Dentro de esta campaña, están previstas otras dos charlas en septiembre, una en Bustarviejo y otra en Rascafría, con el mismo enfoque que las anteriores.
Este convenio representa un importante avance en la colaboración entre el ámbito profesional y el sector social, con el fin de mejorar la calidad de vida de las personas afectadas por el ictus y promover la concienciación sobre esta enfermedad en la sociedad. Mercedes López Moreno, presidenta de la Mancomunidad de Servicios Sociales Sierra Norte, ha expresado su satisfacción con este acuerdo: "Con la firma del presente acuerdo, desde la Mancomunidad se desea acercar una serie de recursos a personas afectadas por ictus y sus familias en Sierra Norte. Al tratarse de una enfermedad en la que el tiempo de respuesta es un factor esencial, es muy importante la labor divulgativa e informativa que se va a desarrollar para que todos dispongamos de información sobre la forma correcta de actuar.”
Julio Agredano Lozano, presidente de la Fundación Freno al Ictus, destacó que "A través de este convenio, podemos llegar a más personas y ofrecerles el apoyo necesario para su recuperación y reintegración en la sociedad. Es fundamental que todos los afectados por ictus y daño cerebral adquirido tengan acceso a la información y recursos necesarios para mejorar su calidad de vida."
Recordemos que el 35% de los casos de ictus se producen en la edad laboral, según el Grupo de Estudio de Enfermedades Cerebrovasculares de la Sociedad Española de Neurología (SEN). Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), más de 24.000 personas perdieron la vida a causa de un ictus en el último año, mientras que más de 34.000 desarrollaron discapacidades significativas debido a esta enfermedad.
El ictus, que ocurre cuando el flujo de sangre a una región del cerebro se interrumpe, puede tener consecuencias devastadoras. Aproximadamente una de cada cuatro personas experimentará un ictus a lo largo de su vida. Actualmente, es la principal causa de discapacidad adquirida en adultos y la segunda causa de mortalidad en España, siendo la principal causa de muerte en mujeres. Cada año, alrededor de 120.000 personas en España se ven afectadas por esta condición.
Este proyecto, desarrollado en colaboración con la Mancomunidad de Servicios Sociales Sierra Norte, cuenta con la financiación de la Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, destinada a la realización de programas de interés general considerados de interés social. La financiación proviene de los presupuestos generales de la Comunidad de Madrid, del 0,7% del rendimiento de los impuestos sobre la Renta de las Personas Físicas y de Sociedades, y del Plan Corresponsables, en el ámbito de la Comunidad de Madrid.
Para más información
Isis Daniela Sarmiento Comunicación Fundación Freno al Ictus Isis.sarmiento@frenoalictus.org www.frenoalictus.org +34 671 226195
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La conferencia Mundial de Naciones Unidas (ONU) sobre Derechos Humanos, que se celebró en Viena en 1993, especificó por primera vez que los derechos de las mujeres son derechos humanos. Por lo tanto, podríamos decir, que no fue hasta finales del siglo XX que las mujeres alcanzamos la categoría de humanas.
ONU Mujeres es la organización de las Naciones Unidas dedicada a promover la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres. Fue establecida para acelerar el progreso que conllevará a mejorar las condiciones de vida de las mujeres y para responder a las necesidades que enfrentan en el mundo.
La entidad se centra en cinco áreas prioritarias:
· Aumentar el liderazgo y la participación de las mujeres;
· Poner fin a la violencia contra las mujeres;
· Implicar a las mujeres en todos los aspectos de los procesos de paz y seguridad;
· Mejorar el empoderamiento económico de las mujeres,
· Y hacer de la igualdad de género un aspecto central en la planificación y la elaboración de presupuestos nacionales para el desarrollo
En España, a noviembre de 2023, la población nacida en el extranjero es de 8.569.954 personas, mayor que la de nacionalidad extranjera que es de 6.373.463, debido a los procesos de nacionalidad española. Del total de población en España, (48.446.594), son personas españolas por nacimiento 42.073.131.
Uno de los cambios sociales más importantes acontecidos en España en las últimas décadas es la transformación y la feminización de los flujos migratorios. Las mujeres inmigrantes presentan peculiaridades y necesidades distintas, tanto de los hombres inmigrantes, como de la población femenina nacional.
Los prejuicios, la xenofobia, la discriminación, el racismo, y los discursos de odio son muros, barreras y, dificultades que impiden a España reconocer el “derecho a migrar” que tenemos todas las personas, -también las españolas migran-, y valorar todo el potencial intelectual y de trabajo que trae en su mochila una persona migrada.
Poner la mirada en los Derechos Humanos reconociendo la titularidad de éstos en todas las personas, sin distinción alguna, ayuda a distanciarnos de enfoques y prejuicios sobre las personas en situación de vulnerabilidad como receptoras de beneficios y programas sociales.
La Declaración universal de los Derechos Humanos (1948) en su Art. 1 dice: “Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros”. Art. 2 “Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en la Declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, de origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición”.
Los Estados firmantes, y España es uno de ellos, de la Declaración Universal de los Derechos Humanos tienen la obligación de RESPETAR – abstenerse de realizar actos que vulneren los derechos humanos y el principio de no discriminación-; PROTEGER –adoptar todas las medidas necesarias para prevenir los abusos a los derechos humanos cometidos por particulares, empresas, partidos, etc. – y, HACER EFECTIVOS LOS DERECHOS HUMANOS- adoptando todas las medidas apropiadas necesarias para hacerlos cumplir.
La población de nacionalidad extranjera aportó el 97,48% del crecimiento poblacional registrado en España entre julio de 2022 y de 2023, según los datos provisionales de la Encuesta Continua de Población (ECP) del Instituto Nacional de Estadística (INE). De las 537.611 personas que engrosaron la población de España en el último año, 524.087 tenían nacionalidad extranjera, mientras que el número de habitantes con nacionalidad española apenas subió en 13.524 personas.
España registra crecimiento vegetativo negativo –las defunciones superan a los nacimientos– desde el año 2017, como revela el INE. De hecho, la estimación mensual de nacimientos de la primera mitad de 2023 dejó la cifra de alumbramientos más baja (155.629) de los últimos ocho años, cayendo un 2,5% respecto a 2022. La población española también se situó en 2022 como la sexta más longeva de la Unión Europea, con una edad media de 45,1 años, y la segunda que más ha envejecido en la última década –4,3 años, una cifra que solo supera Portugal–, según Eurostat.
La inmigración desempeña un papel esencial en la sostenibilidad demográfica y del empleo en una sociedad envejecida y con una bajísima tasa de natalidad como la española. Nuria Bustamante y Sergio Díaz[1], analizan la evolución reciente de los flujos de inmigración en España, su distribución geográfica y su caracterización socioeconómica y concluyen que en “una sociedad envejecida y con una bajísima tasa de natalidad como la española, la inmigración desempeña un papel esencial en la sostenibilidad demográfica y del empleo, al contribuir a aumentar y rejuvenecer la población total y la fuerza laboral. Por lo que respecta a la cualificación de los extranjeros, presentan un nivel más elevado de lo que a menudo se cree. En cuanto a los empleos en los que se ubican los extranjeros, en los últimos años hemos asistido a un aumento generalizado por actividades del peso de estos trabajadores, si bien su presencia relativa es mayor en ocupaciones elementales o que requieren un menor nivel de cualificación. Así, por ejemplo, en términos de afiliados a la Seguridad Social, más del 25% de los ocupados en la hostelería y del 18% en la construcción son extranjeros, cuando en 2015 ambos porcentajes eran el 19,5% y 10,6%, respectivamente; en transporte y almacenamiento también se ha registrado un destacado aumento, pasando del 7,4% al 13,6%. Por el contrario, el papel de los extranjeros es menos relevante en las ramas industriales, tanto extractivas (5,9% vs. 5,3%) como manufactureras (8,4% vs. 5,6%)”. afirman en el estudio publicado en julio 2023
EL EMPODERAMIENTO DE LAS MUJERES MIGRANTES EN EL EMPLEO[2]
El Informe sobre la Integración Laboral de la Inmigración (2022) del Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia ha revelado que las mujeres migrantes cualificadas que buscan empleo en España enfrentan múltiples retos. Este concluye que, casi el 30% de las trabajadoras extranjeras tienen contratos a tiempo parcial y un 12% trabajan a través de contratos verbales, mientras que la temporalidad alcanza el 35%. Además, la brecha salarial por nacionalidad llega al 37%. La falta de redes de apoyo, el aislamiento social y la carga de responsabilidades familiares adicionales también dificultan la búsqueda de trabajo, así como la falta de reconocimiento de cualificaciones. El informe destaca la necesidad de estrategias claras desde la política pública para abordar la falta de capital social, habilidades y competitividad. Por lo tanto, se hace necesario que los organismos estatales promuevan la divulgación de procesos de validación y homologación de títulos existentes para facilitar la inserción laboral y aprovechar el talento humano de las personas migrantes cualificadas.
Casi la mitad de las mujeres extranjeras ocupadas en España desarrollan empleos no cualificados en sectores como la hostelería, el comercio; relegándolas así, a trabajos con condiciones precarias y salarios inferiores a los de otros grupos. También suelen trabajar en sectores feminizados como el cuidado de personas mayores y población infantil, así como en el servicio doméstico según el Instituto Nacional de Estadística, pudiendo llegar a trabajar incluso 80 horas a la semana, aunque el régimen laboral se establezca en 40 horas semanales, conllevando una falta de protección legal en el lugar de trabajo, lo que las hace más vulnerables a la explotación laboral. La situación laboral de las mujeres inmigrantes en España tiene poca visibilidad debido a que a menudo trabajan en sectores de la economía sumergida y a la falta de atención a sus necesidades específicas y problemas laborales.
Una de las características propias del empleo de mujeres migrantes es la alta tasa de temporalidad de los contratos. Según el Informe sobre la Integración de la Población extranjera en el Mercado laboral Español[3], “esta tasa alcanza un 35% en comparación con el 26% que registran las españolas. Sumado a esto, a la discriminación por motivos de género, debemos añadirle la discriminación por origen étnico. Esta situación puede desembocar en rechazos en los procesos de selección, diferencias salariales, falta de oportunidades de ascenso o acoso laboral mediante comentarios racistas, exclusiones o burlas. Al mismo tiempo, el acceso y mantenimiento del empleo de las mujeres migrantes se ve marcado por barreras administrativas y burocráticas. Estas barreras dificultan su capacidad para encontrar trabajo, obtener seguridad social y el acceso a servicios públicos. El desconocimiento de las normativas y procedimientos administrativos, así como la falta de información clara y precisa, ocasionan que las mujeres migrantes se encuentren en una situación de mayor vulnerabilidad. En este punto es interesante mencionar la situación de las mujeres migrantes que cuentan con una cualificación. En este sentido, hay que tener en cuenta la homologación de sus estudios y todo el proceso a seguir hasta conseguirlo. Determinadas cualificaciones no son reconocidas en España, lo que dificulta la obtención de un trabajo en su ámbito. Para abordar las realidades y problemáticas específicas que enfrentan estas mujeres, es importante implementar medidas y políticas de integración sociolaboral e igualdad. También es necesario sensibilizar a la sociedad sobre la importancia de valorar la contribución de las mujeres inmigrantes al mercado laboral y a la sociedad en general”[4].
Invitamos a las mujeres inmigrantes a crear redes sociales, a pertenecer a asociaciones de mujeres migradas, a las AMPAS, a acercarse a los ayuntamientos como el de Robregordo, donde su alcaldesa es también una mujer migrada; fortalecer nuestras redes de apoyo, ya que su familia y amigos se han quedado en el país de origen y no tienen a quién recurrir en algunos casos de necesidad.
Las mujeres migrantes, seguiremos luchando por la Igualdad de oportunidades y de trato, hasta que la dignidad se haga costumbre.
[1] https://www.caixabankresearch.com/es/economia-y-mercados/mercado-laboral-y-demografia/cambios-caracteristicas-poblacion-inmigrante
[2] https://www.observatorioigualdadyempleo.es/comienza-la-campana-porlosderechoslaboralesfm/
[3] https://www.inclusion.gob.es/oberaxe/ficheros/documentos/integraciondelapoblacion.pdf
La Mancomunidad de Servicios Sociales S.N. y la Consejería Familia, Juventud y Política Social, han firmado un Convenio de colaboración para la concesión de ayudas económicas: AYUDAS DE EMERGENCIA A FAMILIAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD POR EL IMPACTO DEL COVID PARA LOS AÑOS 2022/2023. Financiado al 100% en el marco de los recursos REACT-UE del Programa Operativo FSE de la Comunidad de Madrid 2014-2020
Esta capacidad presupuestaria de carácter extraordinario permitirá hacer frente al impacto de la crisis y estará destinado a cubrir las necesidades básicas de las personas empadronadas en cualquier municipio de la mancomunidad y que se encuentren en situación de emergencia social debido a la crisis económica y derivadas de la pandemia.
El objetivo prioritario que se persigue con estas ayudas es la integración sociolaboral y la mejora de la situación económica y social de las personas que como beneficiarios participan en el programa.
Las personas solicitantes, deberán estar dados de alta como demandantes de empleo o mejora de empleo en el INEM, a causa de la pandemia y no disponer de ingresos suficientes para cubrir sus necesidades. Cada situación individual será valorada de acuerdo con lo dispuesto en la ordenanza municipal de concesión de estas ayudas.
Las obligaciones a las que se compromete el beneficiario son las de destinar la ayuda económica percibida a la finalidad para la que se concede, cumplir los requisitos que dan lugar a la ayuda, disposición para recibir orientación, asesoramiento, formación e información para su inclusión socio-laboral y comunicar cualquier cambio relacionado con el domicilio habitual, o relacionado con la situación de ingresos y, en particular, si durante la recepción de la asistencia, la situación cambia y accede a un trabajo remunerado.
Para obtener más información sobre este tipo de ayudas económicas, comuníquese con el/la trabajador/a social de su municipio.
¿Quiénes y cómo accederán las familias y el alumnado a EducamosContigo? Será el propio Centro Educativo el que valore quiénes son los/as alumnos/as que creen que pueden participar y/o beneficiarse del proyecto “EducamosContigo”. Se encargarán de recabar los Consentimientos por parte de las familias y de indicar las necesidades de cada alumno/a.
¿En qué consiste el acompañamiento?
Desde la Universidad, se pondrán en contacto con la familia para explicar en qué consiste el acompañamiento psicoeducativo y escolar, y acordar cuándo se realizará la sesión de acompañamiento, que tendrá una periodicidad semanal.
El acompañamiento psicoeducativo consiste en: trabajar con las familias para encontrar las estrategias para conseguir hábitos saludables en la gestión del tiempo y las rutinas diarias, explicar y aclarar dudas para lograr el bienestar personal (cuidado emocional y social) y el éxito académico en el proceso de enseñanza-aprendizaje, y acompañar en estos momentos de incertidumbre.
El acompañamiento escolar consiste en: ayudar al alumno/a a ser autónomo en su aprendizaje, ayudarle a encontrar las estrategias que necesita para organizarse en las tareas escolares y descubrir técnicas de estudio, trabajar en la recuperación de la motivación por el aprendizaje, si es que la ha perdido y reforzar los contenidos trabajados en el colegio/instituto (como matemáticas, inglés, lengua…).
Desde la Mancomunidad se confía en que esta actividad sea realmente un apoyo para todas las familias, niños, niñas y adolescentes de la Sierra Norte.
La nueva situación generada por el COVID-19 ha aumentado en gran medida las dificultades en las relaciones entre los miembros de las familias con hijos e hijas adolescentes. Ellos/as, al igual que los adultos, viven esta situación con ansiedad e incertidumbre y, en muchas ocasiones, van a exteriorizar estos sentimientos a través de la rabia y de la ira. La mediación intergeneracional favorecerá que los padres y madres comprendan el malestar que hay detrás de estas manifestaciones.
La UNAF, como entidad con amplia experiencia y prestigio en el campo de la mediación, aporta su conocimiento y buena praxis para abordar conflictos entre adolescentes y sus progenitores, labor que unida a la que ya viene desarrollando el equipo de profesionales que componen el Programa de Infancia, Adolescencia y Familia, permitirá dar una atención integral a nuestra población.
¿En qué consiste el servicio?
La mediación intergeneracional se da principalmente en conflictos entre padres e hijos. La mediación entre padres, madres e hijos/as intenta ayudar a ambas partes para reencontrar el camino del diálogo y llegar a acuerdos que faciliten la convivencia familiar en una etapa de por sí complicada como es la adolescencia y en un momento, el actual, en el que por las circunstancias que estamos viviendo como consecuencia de la pandemia el nivel de tensión en el seno de muchas familias se ha elevado.
¿Cómo acceder al Servicios de Mediación Intergeneracional?
El Servicios de Mediación Intergeneracional está dirigido a todas aquellas familias con hijos/as adolescentes de entre 12 y 17 años, que presenten dificultades en la convivencia familiar y que libre y voluntariamente deseen llevar a cabo este proceso.
Para ello, un/a profesional de la UNAF acudirá a nuestra zona para atender de forma presencial a todas las familias que así lo soliciten a través de nuestros/as Trabajadores/as Sociales.
Desde la Mancomunidad confiamos en que esta iniciativa sea beneficiosa para todas las familias y adolescentes de Sierra Norte.
SEGURIDAD SOCIAL. ENLACES A NUEVOS SERVICIOS.
INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL:
https://sede.seg-social.gob.es/…/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/
TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL:
https://sede.seg-social.gob.es/…/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/